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LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ

¿EN EL PERÚ SE RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS?

Revisión actualizada (2017) de su respeto y protección en el país.

Por: José Collantes

Cuando se realizó la declaración universal de los derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, grandes fueron las esperanzas sobre  que el mundo entraría en una nueva etapa de reconocimiento de los derechos de cada persona por encima de cualquier otro interés, y los gobiernos promoverían políticas para el incremento de su aplicación y alcance a cada vez más personas, sin embargo, luego de casi 70 años ese sueño no se ha cumplido, con variación amplia de resultados en las distintos países, y con diferencias cada vez más amplias entre grandes sectores de la población mundial.

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, cuyo respeto, protección y promoción, son indispensables para cada persona, individualmente o en comunidad, a fin de que  pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente con libertad. La dignidad es el fundamento ya que significa que todo ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un simple medio para otros objetivos, lo cual está íntimamente relacionado a su libertad, que es la capacidad para obrar por voluntad propia para alcanzar lo que queremos para nuestras vidas sin afectar los derechos de los demás.

El respeto de los derechos involucra el cumplimiento de deberes, por cada derecho reconocido nace el deber de respeto por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Derechos Humanos y Democracia

Los Derechos Humanos están ligados a la democracia. La democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización de los derechos humanos. En una democracia el hombre está inmerso en una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada ciudadano tiene la garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados al igual que él debe respetar a los demás. Si bien es cierto los estados democráticos a través de una constitución y su marco legal establecen que el fin supremo de la sociedad es la persona  con un amplio conjunto de derechos sociales, políticos y económicos, existen también violaciones a los derechos humanos en estos países sin restarle legitimidad a sus prácticas democráticas.

Las constituciones desde su aparición tienen en su contenido una declaración amplia de los derechos de las personas y los ciudadanos, y una descripción de que como se organizan los Estados en lo que se conoce como división de poderes, es así que las reglas básicas de funcionamiento de la democracia son plasmadas de forma clara en la Constitución.

Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos

Si bien es cierto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue el primer documento legal de protección de estos derechos a nivel internacional, no es el único instrumento jurídico, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos suscritos en 1966, en asambleas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Los tres documentos conforman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Desde esos años hasta la actualidad se han adoptado más tratados que han ampliado la legislación internacional de los derechos humanos entre ellos declaraciones de protección al niño,  a la mujer y el migrante, contra la discriminación racial, la desaparición forzada y la tortura.

La ONU protege y promueve la protección de los derechos humanos a través un Alto Comisionado, desde el 2014 es Zeid Ra’ad Al Hussein, que es la máxima autoridad en la protección de estos derechos. Desde el 2006, existe el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental compuesto por 47 naciones que tiene la responsabilidad de informar sobre las violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones.

Para la vigilancia del cumplimiento de cada uno de los tratados y convenios se crearon comités de expertos independientes que se reúnen en Ginebra (Suiza).

En el caso de nuestra región, en 1969 se subscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado también Pacto de San José, debido a que se firmó en la capital de Costa Rica. En ella se estableció la obligación de los Estados, entre ellos el Perú, a introducir medidas legislativas nacionales para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. La convención establece dos órganos que se encargan del cumplimiento de los compromisos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, con sede en Washington D.C. (Estados Unidos), liderada actualmente por el peruano Francisco Eguiguren, está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La Corte Interamericana es un organismo judicial de la OEA (Organización de Estados Americanos) en la que se atiende los casos de violación de un derecho o libertad por parte de los estados miembros cuando se hayan agotados los procedimientos internos y propios de cada nación.

Situación de los derechos humanos en el Perú

Los derechos humanos se pueden clasificar en tres grupos: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y derechos colectivos.

Derechos civiles y Políticos

Entre los derechos civiles y políticos se encuentran el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a elegir y ser elegidos.

El derecho a la vida es uno de los derechos más importantes, es requisito indispensable para el ejercicio de los demás derechos y lo gozamos desde el mismo momento de nuestra concepción, es decir desde que tenemos vida. En el Perú, el aborto es ilegal salvo en caso de que se ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, denominado el aborto terapéutico. En las calles de las ciudades no es poco común ver anuncios de “solución para embarazos no deseados” o “¿Tienes un atraso menstrual? Te ayudamos”, claramente se tratan de lugares donde se practican abortos. Cada cierto tiempo la prensa denuncia estos casos y estos “clínicas” clandestinas son intervenidas, pero nuevamente aparecen sin que las autoridades combatan directamente éstas prácticas con penas efectivas no solo para los que la promueven sino también para quienes recurren a ellas, ya que es una clara violación del derecho a la vida.

El desprecio al derecho a la vida está también ligado al crecimiento de la delincuencia y la violencia en nuestro país. En julio de este año, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) reportó 2,435 muertes violentas asociados a hechos delictivos dolosos ocurridos en el 2016, por lo que la tasa de homicidios en el Perú creció de 7,2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el 2015 a 7,7 muertes violentas en el 2016, lo que ya representa un crecimiento sostenido del nivel de violencia que termina en muerte en nuestro país, considerando que en el 2014 la tasa era de 6,7 muertes violentas. Por otro lado también es preocupante el incremento de denuncias de violación a la libertad sexual, cerca de 7,000 casos en lo que va del año 2017, lo cual termina de demostrar los altos índices de violencia en los hogares peruanos.

El derecho a no ser discriminado por raza, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o política, es uno de los derechos civiles de más difícil cumplimiento en nuestro país. Se han dado pasos importantes en los últimos años, con la penalización de la discriminación. En el Código Penal se establece bajo ciertas condiciones penas privativas de la libertad de hasta 3 años, y si es funcionario público hasta 4 años. En el año 2016, ocurrió un precedente importante, INDECOPI y la Municipalidad de Miraflores clausuraron la discoteca “Café del Mar” por prácticas discriminatorias que impedían el ingreso a sus ambientes de clientes que no cumplían con ciertos “requisitos físicos”. En la actualidad existen 16 distritos que sancionan la discriminación y el racismo en espacios públicos a través de ordenanzas municipales que establecen multas y hasta el cierre definitivo de los locales.

La conciencia ciudadana con respecto a la gravedad de la discriminación es cada vez más creciente, los medios de comunicación y las redes sociales son cada vez más críticos con las personas que efectúan estas prácticas, sin embargo, aún existe mucho trabajo que realizar sobre todo en la formación de los niños y jóvenes, en cuyas mentes se deben desterrar las ideas discriminatorias.

La esclavitud es una clara violación a la libertad y dignidad de las personas, cuya práctica está expresamente prohibida en la Constitución. Una de sus formas es la trata de personas, denominada como una forma de esclavitud contemporánea vinculada al comercio de seres humanos. La trata de personas en nuestro país no es esporádica ni un caso aislado, es un sistema comercial estructurado en la que se explota a las personas con fines económicos sin su consentimiento a través de engaños y amenazas.

Según el Índice Global de Esclavitud (IGE) el año 2016 en el Perú se encuentran más de 200 mil víctimas, entre hombres, mujeres y niños, siendo la tercera tasa más alta en América, detrás de México y Colombia. Las principales manifestaciones de trata son la explotación sexual y la explotación laboral. Los casos más preocupantes son las mafias de prostitución y las empresas informales que fuerzan a trabajar a menores de edad en actividades como minería y servidumbre doméstica. Representativo es por ejemplo el caso del incendio en Las Malvinas donde adolescentes murieron carbonizados encerrados, revelándose las condiciones de explotación a los que son sometidos. También se debe mencionar a los niños que son capturados o que nacen dentro del seno del senderismo.

El derecho a la libertad de expresión es considerado uno de los pilares de la democracia, porque permite la libre circulación de ideas, información y opiniones, es un derecho insustituible por que permite la denuncia de la violación de otros derechos. Aún persisten en nuestro país amenazas a esta libertad, en la última edición de la Asamblea General de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se reportaron 3 asesinatos de periodistas en el último año, asimismo existen muchas denuncias de comunicadores y hombres de prensa que han sido amenazados sobre todo por la cobertura que realizan de manejos corruptos y mafiosos en instituciones regionales y locales.

También es importante mencionar que la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas ni de los medios de comunicación, como muchas veces se quiere pretender hacer notar, sino que pertenece a toda la sociedad en su conjunto, y es función del Estado asegurar que los ciudadanos tengan condiciones mínimas para informarse y expresarse libre y pluralmente. La concentración de propiedad de los medios de comunicación y la asignación de publicidad estatal dirigida conspiran no solo contra la libertad de expresión sino también socava la libertad de información que permite a los ciudadanos el acceso a información veraz de relevancia pública.

Derechos económicos, sociales y culturales

Los derechos económicos, sociales y culturales son garantizados por el Estado para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas como parte del desarrollo de una vida digna. Entre ellos están: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, entre otros.

Nuestra constitución política determina que el trabajo es tanto un derecho como un deber, y es la base del bienestar social. En conformidad con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se reconoce que el trabajo no es suficiente sino que debe reunir unas condiciones mínimas como remuneración digna, jornada laboral no superior a 48 horas semanales, seguridad social, vacaciones, libertad sindical, etc.

El mejoramiento de situación económica de nuestro país en los últimos 20 años ha permitido que muchas personas cuenten con un “trabajo decente” con todos los beneficios de ley, sin embargo, la mayoría de la población no ha tenido estos beneficios, y el mercado informal representa el 70% del mercado laboral. Según información de SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) esta informalidad también llega a las empresas formalmente constituidas ya que registran muchas infracciones alcanzando un índice de 25% de informalidad, sobre todo por incumplimiento en el pago del seguro social, seguro de salud, y compensaciones.

Definitivamente la informalidad es el gran enemigo, pasarán muchas décadas para que se revierta la situación, dentro de un mundo globalizado con cada vez más cambios y retos en la creación de empleos.

El derecho a la educación implica para el Estado la existencia de servicios de educación inicial, primaria, secundaria y superior. Esta obligación del Estado no está limitada a la gestión de los centros de educación públicos sino a la supervisión de las empresas privadas, a través de SUNEDU (Superintendencia de Educación) para garantizar una amplia y adecuada educación, En los últimos años en el país se han introducido reformas y mejoramientos en el sistema educativo, desde el aumento de sueldos a los profesores, construcción de colegios símbolos, nueva ley magisterial, certificación del nivel de calidad de las universidades y los institutos de enseñanza superior, y renovación de contenidos. El ritmo de reformas es lento, no considera alternativas en el sistema educativo distintas a las tradicionales y aún forma parte de la agenda nacional el debate por cambios significativos en el sector.

El derecho a la salud, comprende el acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna, es así qué se consagra la atención de salud de forma oportuna y apropiada. ESSALUD (Seguro Social del Perú) y SIS (Seguro Integral de Salud) que son los sistemas que actualmente funcionan en el país, tienen muchos problemas de gestión y de presupuesto porque según algunos funcionarios el mayor porcentaje del presupuesto, se va en planillas de sueldos, por el aumento indiscriminado de personal que ingresa con cada gobierno, lo que causa una indiscutible mala atención para los ciudadanos, quienes ven vulnerados sus derechos de salud con mucha frecuencia.

Otro aspecto relacionado es el derecho al agua, el TC (Tribunal Constitucional) claramente ha expresado que este derecho obliga al Estado a crear, directa o indirectamente, condiciones de acercamiento al líquido vital para los ciudadanos. En el Perú, más de 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable, situación que se vive en el Perú hace mas de cuatro décadas.

Derechos Colectivos

Los derechos colectivos o de solidaridad son aquellos que requieren el esfuerzo común de las naciones del mundo, entre ellos están el derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo.

El derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación ha adquirido importancia en los últimos años, debido a que su respeto permite el disfrute y ejercicio de otros derechos. En ese sentido, el Estado Peruano decidió la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008, con poco presupuesto es cierto, pero que se ha ido incrementando poco a poco. Para que los ciudadanos podamos ejercer estos derechos es indispensable que el Ministerio logre alcanzar sus metas establecidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 entre ellas aparecen aspectos relacionados al agua, residuos sólidos, aire, bosques, cambio climático, diversidad biológica, entre otros.

Estos derechos tienen un fuerte componente de cumplimiento de deberes por parte de la ciudadanía misma, que parte por la concientización del indispensable respeto al medio ambiente que también requerirá esfuerzos de autoridades locales, pero también del apoyo de los medios de comunicación y organizaciones sociales.

Conclusiones

La promoción y protección de los derechos humanos no solo es un deber de los Estados sino también de los ciudadanos. La situación de los derechos humanos en el Perú ha mejorado en los últimos 20 años. Así también lo afirma Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien indica que las instituciones en nuestro país se han reforzado, los medios de prensa han ganado poder,  y las oportunidades económicas permitieron que millones salieran de la pobreza, pero que a pesar de ello existen fuertes retos debido a la desigualdad y marginación de poblaciones vulnerables como la indígena y algunos pueblos aborígenes. La violencia, discriminación, trata de personas, y falta de servicios básicos para grandes sectores de la población son las más representantes violaciones de derechos humanos en nuestro país, el derecho a la salud y a la alimentación de los niños, -en varios países, el Estado se encarga de la alimentación de los niños hasta los cinco años.

Difundir sus peligros, riesgos, dramas y delitos es nuestro deber como periodista, es responsabilidad del Estado a través del gobierno de turno tomar las acciones que corresponda, y es nuestra obligación como ciudadanos denunciar los abusos y solidarizarse en su protección.