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EQUILIBRIO DE FUNCIONES DEL PODER

Por: Sr. Dr. IVÁN SEQUEIROS VARGAS

No cabe duda que un sustento esencial de la razón, la estabilidad, en general el buen funcionamiento de las “cosas” es el equilibrio, el balance justo, la medida precisa entre los extremos, de manera tal que todos se benefician. Contrariamente los extremos necesariamente traen consigo desajustes, imprecisiones y sobre todo sometimientos y excesos.

Para ser sencillos y coherentes si en su hogar se hace solo lo que el padre o la madre dice, las cosas no irán bien, se requiere diálogo y acuerdos que satisfagan a todos los integrantes, condiciones que beneficiara a todos.

No es fácil lograr los equilibrios, es preciso que todos los involucrados tengan conciencia plena que sobre sus puntos de vista y satisfacción de sus intereses particulares, existen otros puntos de vista y es necesario priorizar los intereses generales, además es importante que sean lo suficientemente maduros y racionales y razonables para lograr el consenso y establecer condiciones de equilibrio, probablemente la mayor dificultad para encontrar un punto medio en todos los ámbitos en disputa es precisamente asimilar y privilegiar el interés común y el bienestar de todos, por tanto será preciso hacer concesiones y tratar de comprender la posición de los otros.

Una de las dificultades humanas complicadas de superar es precisamente ceder en sus puntos de vista, lo que deriva en muchos casos en necedad, que termina ineludiblemente en irracionalidad y agravamiento de la disputa, hasta llevar a términos irreconciliables que en última instancia perjudica a todos e inclusive las satisfacciones de intereses particulares como consecuencia de la terquedad con la que se postula una propuesta, finalmente no es plena, sino necesariamente efímera, circunstancial y detestable, por tanto en todos los casos la decisión consensuada siempre determina mejor beneficio y satisfacción para todos.

Toda disputa siempre es por la necesidad de prevalecer, por el deseo de dominar, en buena cuenta es un ejercicio político constante, diría que es la base del comportamiento político del ser humano, de ahí que las disputas en muchos casos resultan irreconciliables, por temor a perder vigencia, prevalencia, hegemonía o poder, cuestiones que complican la búsqueda del equilibrio.

Cuando se trata del Poder Estatal, los ámbitos de disputa son de primer orden, son las disputas políticas por antonomasia y excelencia, disputas en las que ha estado enfrascado el ser humano durante todo el tiempo de su evolución y hasta la fecha no ha encontrado soluciones satisfactorias, cuando menos no en la realidad, aun cuando en la teoría política a través del desarrollo de la teoría constitucional, si se ha alcanzado razonables y recomendables soluciones a la intensa disputa política.

Una de esas soluciones es precisamente la teoría de separación de funciones del poder, uno de los inventos más geniales de la humanidad, debido a que pretende encaminar de manera razonable el ejercicio de poder, tan ansiado y ambicionado por la naturaleza humana, que logra comportamientos demoniacos de algunos hombres que no supieron en su momento entender la racionalidad del ejercicio de poder y no supieron sobreponerse a ese carácter demoniaco del poder, habiendo alcanzado los picos más desastrosos de la historia de la humanidad, lo que determina que es fundamental que quienes detentan poder sean seres humanos sumamente maduros, racionales y sobre todo ponderados, que entiendan que más allá de sus propias ambiciones están las necesidades sociales y estatales.

A través de los Códigos Políticos, los estados establecen esas condiciones de equilibrio en el ejercicio de poder, pero sin perjuicio de la redacción constitucional, es mucho más importante que todos los que la instrumentalizan entiendan que por encima de sus miserias humanas, está la norma y sobre todo la intensión de la norma, que es preciso interpretarla de manera ecuánime, inteligente y ponderada, no pensando en sus intereses, sino en el beneficio del Estado y la sociedad.

Todas las Constituciones del mundo buscan el bienestar de sus ciudadanos, procuran que el ejercicio de poder no sea excesivo, trata de evitar las dictaduras, pone frenos a las ambiciones personales, ningún texto constitucional, ni siquiera aquellos que se originaron de manera espuria y sin intervención del titular de la potestad constituyente, establecen condiciones de exceso o abuso de poder, todos propician, en su redacción cuando menos rubor por los abusos y las dictaduras, entonces son los seres humanos que hacemos uso indebido, distorsionado e interesado de los textos constitucionales, contraviniendo de esa manera la voluntad constitucional.

Puntualmente en nuestro caso, el Código Político, propicia un adecuado control en el ejercicio de poder, poniendo especial cuidado en la existencia de un equilibrio que derive en un razonable ejercicio de las funciones del Poder, sin embargo observamos perplejos, como es que se interpreta de manera sesgada, antojadiza e interesada, pero lo más detestable es cuando se modifica mediante ley (Reglamento del Congreso), el interés constitucional, únicamente para favorecer coyunturas que buscan beneficiar a unos perjudicando a otros, sin tener en cuenta que la Constitución es la norma fundamental del Estado que se tiene que interpretar, pensando en las necesidades estatales y no iracundos y perniciosos interese particulares.

Dentro del Capítulo VI “De las relaciones con el Poder Legislativo”, la Constitución establece pautas referidas al Poder Ejecutivo y sus vínculos o relaciones con el Legislativo, comenzando por referirse a la exposición de la Política General del gobierno y luego ingresa al tema de la cuestión de confianza, la interpelación ministerial que deriva en el voto de censura y cuestión de confianza.

En el artículo 133 específicamente se refiere a la crisis total del gabinete cuando la cuestión de confianza planteada es rehusada por el Congreso que luego faculta al Presidente de la República a disolver el Congreso, cuando se presentan las condiciones que ahí están establecidas, ni más ni menos. Esta norma es consecuencia de las crisis de gobierno que se vivió en la época del primer gobierno de Fernando Belaunde, que debido a la cerrada oposición e intransigencia del Legislativo (panorama parecido al actual momento político), termino con un golpe de estado, bajo el criterio de que el gobierno estaba paralizado y como consecuencia de ello el Estado no desarrolla (cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia).

El Reglamento del Congreso tiene rango de ley ordinaria, debido a que es aprobado por el Legislativo, sin embargo no interviene el Ejecutivo, por tanto es una norma especial que solo está destinada a regular los procedimientos parlamentarios y de la misma forma que cualquier otra norma, está sometida a la Constitución, en este caso, con la modificación que se ha aprobado en el Reglamento del Congreso referido al procedimiento de disolución del Congreso, poniendo reglas específicas para el funcionamiento del Ejecutivo, que no están reguladas en la Ley de Leyes, es evidente que se contraviene a la Constitución y se limita esa vocación constitucional de equilibrar el ejercicio del Poder, pues al regular condiciones adicionales a las que determina el Código Político, no se hace sino rebasar los límites constitucionales, entonces se incurre en eso que inicialmente decíamos, las personas para satisfacer intereses particulares hacen interpretaciones tergiversadas

e interesadas de la Constitución, que es lo mismo que decir que se atribuye abusos y excesos en el ejercicio de poder, contra toda la teoría constitucional que va en sentido opuesto.

La peor forma de ejercer el poder abusivamente es precisamente engañando al titular del Poder Constituyente (el Pueblo) y hacerle creer que se hace las cosas dentro de la Constitución. Es preferible, dice la teoría política, porque es más decente, el que colisiona abierta y francamente con la constitución y decide hacer las cosas del gobierno sin constitución que aquel que hipócritamente esconde su actividad de poder en un acatamiento falso de la Constitución, cuando en realidad contraviene de manera evidente la Constitución.

Los ciudadanos debemos tomar conciencia Constitucional, porque eso nos obligara a defender lo que esta norma fundamental dice, no en favor de uno u otro interés, sino en favor de la gobernabilidad y el equilibrio de funciones del poder, lo que sin duda contribuye en un mejor gobierno del Estado y por cierto en el desarrollo del Estado en beneficio del bien común.

Ser conscientes del valor de la Constitución también nos obligara a confrontar estos vedados excesos que pretenden cobijarse en términos democráticos y coherentes, cuando es manifiesto que el comportamiento de algunos legisladores solo está dirigido a la satisfacción de protervos intereses personales o de grupo, lo más grave de esto es que nos consideran personas no pensantes, ignorantes o desvalidos que no nos damos cuenta de la falsedad e hipocresía con la que actúan, porque eso equivale a no tener ningún tipo de respeto por la ciudadanía y los valores que la Constitución trata de establecer.

ESTA MALDITA JUSTICIA PERUANA.

Esta es la expresión que ha utilizado un ex presidente al referirse al sistema de justicia de su país que lo honro al elegirlo presidente y que en su momento estuvo apoyándolo cuando encabezo la lucha contra la corrupción y la dictadura.

Han pasado algunos años y las cosas han cambiado, muchas personas en el Perú, entre ellas ex presidentes e inclusive el que está en ejercicio, vienen siendo sindicados como supuestos responsables de actos de corrupción que es preciso que ese “maldito” sistema de justicia investigue y finalmente determine si son o no responsables.

Son entendibles algunas reacciones humanas, que naturalmente, cuando algo nos favorece ponderamos, pero cuando eso mismo no es desfavorable, adverso, maldecimos, sin entender que no cambia, en este caso el sistema de justicia, sino que la persona consciente o involuntariamente ahora está ubicada en el otro extremo de la legalidad.

Si cumplimos con la ley y actuamos moral y éticamente de manera correcta, el sistema de justicia estará de nuestro lado, inclusive invocaremos sus bondades porque en efecto sirve para que impere la Ley y ningún bribón se salga con la suya, en cambio sí nos ponemos al margen de la ley y ese

sistema de justicia nos persigue, bajo los mismos criterios y con el mismo interés que en el caso inverso, seguramente maldeciremos al sistema, porque tratamos de encontrar una justificación, una salida, un apaciguador interior, que de alguna manera nos permita continuar con nuestra vida tratando de satisfacer esa necesidad de paz y tranquilidad que nos otorga saber que estamos dentro de la ley y que nuestra actuación y ejecutoria de vida ha sido transparente y honesta.

Ninguna justicia es “maldita”, es severa, es verdadera, es incuestionable, es irreversible, es razonable y es transparente, con todas las deficiencias que pueda tener, su propósito es único, autentico y definitivo, siempre necesario y obligatorio y el hecho que en ocasiones este en contra nuestra no es culpa del sistema de justicia, sino que es consecuencia de nuestros propios actos, por eso inclusive admite los arrepentimientos y trata con mesura y ponderación, pues en definitiva la justicia no tiene la culpa de nuestros errores y desaciertos, por el contrario trata de remediarlos, darnos paz y tranquilidad, seguridad y garantía de vigencia de nuestros derechos fundamentales.

Si mi organismo no tolera la lactosa, la leche no tiene la culpa de esa deficiencia, si mi comportamiento en la sociedad o en el ejercicio del cargo no es idóneo, la justicia no tiene la culpa de esa carencia de idoneidad, solo desarrolla su actividad en estricta sujeción al adecuado o inadecuado comportamiento de la persona, por eso creo que es absolutamente irracional, denostar de la justicia peruana, sin hacer una evaluación interna de las causas que originan ese comportamiento del sistema de justicia.

Personas que se convierten en líderes de opinión por regla general deben ser atinados y muy cuidadosos en lo que dicen, pues no puedo maldecir al mar porque se ahogó una persona, tampoco puedo maldecir al Estado porque no impidió el fenómeno del niño y menos maldecir al sistema de justicia que me da la oportunidad de aclarar aquellos hechos y comportamientos falsos que me atribuyen, la impotencia humana o la sinrazón, no son buenos sustentos para criticar a las instituciones, así como no es bueno para el Estado declarar la vacancia de la presidencia de la Republica porque este no es diligente, popular o un gran gestor, tanto más si adolezco de las mismas razones que sustentan ese pedido de vacancia, igualmente no es bueno criticar a nuestras instituciones sin darnos cuenta cabal de las razones que realmente me ubican en la situación que me encuentro.